Costumbre, ley canónica y una breve apología de una sensata renuncia

No a pocos tomó por sorpresa la renuncia de Benedicto XVI al Pontificado. Renuncia el Primero entre sus Pares, el Vicario de Cristo, el Pastor Universal. ¿Cómo permanecer indiferente a un hecho como éste? Pero más allá de todos las anécdotas y datos curiosos que nos pueden ofrecer los medios de comunicación por estos días (rayos que caen sobre la Ciudad del Vaticano, la cantidad de Papas que habían renunciado antes que él, eventuales candidatos a sucederle, profecías, etc), lo que inevitablemente surge  es la comparación entre Benedicto XVI y su antecesor Juan Pablo II, en lo relativo a su duración en el ministerio Pretino.

Digo inevitable porque el beato Juan Pablo II sigue muy presente en el consciente colectivo: se convirtió en Romano Pontífice en 1978 y falleció siéndolo el 2005. Electo luego del breve pontificado de Juan Pablo I, se convirtió en el Papa más joven del siglo XX, estando presente en buena parte de los hechos históricos más connotados del siglo: fustigó abiertamente contra la ideología marxista, contra los teoliberacionistas, desautorizó (y excomulgó, dicho sea de paso) a monseñor Lefebvre y sobrevivió a una atentado contra su persona. Visitó Cuba y a Fidel, se reunió con Mijaíl Gorvachov, se esforzó por lograr instancias de ecumenismo, ademas de defender la vida humana desde el momento de su concepción y a la familia tradicional. Entonces,  ¿qué semejanzas podemos encontrar entre ambos pontificados?  Realmente pocas –me atrevería a decir- , y esa es la cuestión.

Benedicto asumió el pontificado ya siendo mayor. Duró casi ocho años en el mismo, durante los cuales tuvo que hacer frente a los dolorosos escándalos de abusos sexuales y del ministerio de sacerdotes. Eliminó la acusación de deicidio contra el pueblo judío, y declaró -como maestro de la Iglesia- que no es posible la existencia del Limbo como realidad escatológica. Ocho años es poco tiempo (pero en los cuales hubo mucho quehacer), porque estábamos acostumbrados un Romano Pontífice que estuviera más de dos décadas, y que cesara en su cargo sólo cuando Dios lo llamase a su lado. Entonces, ¿por qué Benedicto XV, renuncia a su ministerio?, ¿por qué no siguió el ejemplo de su antecesor -y antecesores-, y condujo a la Iglesia hasta el final de sus días?

La respuesta oficial es que se debe al constante desgaste físico que ha padecido el Santo Padre con los años, y que ha llegado al convencimiento de que no le es posible continuar en dichas condiciones. Sin embargo, bien podría alguien responder que Juan Pablo II estaba, manifiestamente, en peores condiciones de salud que él, y que siguió detentando el munus pretinum hasta que su cuerpo no lo soportó más (dando un testimonio casi propio de un martirio).  Reconozco que es una respuesta bastante razonable, pero que olvida algo de vital importancia: los fieles tenemos el deber jurídico de buscar permanentemente la santidad dentro de nuestro propio estado y condiciones, no de ser “superhéroes inmunes a la kriptonita”. No se trata de que Benedicto XVI tenga menos coraje que su antecesor (o alguna otra cualidad necesaria para el cargo), sino que se nos suele olvidar que -antes de ser Romano Pontífice- es Josheph. Y Josheph es, fue y será siempre distinto a lo que fue Karol, y no tiene ninguna obligación en imitar las que fueron sus decisiones.

El objetivo fundamental de la Iglesia es prepararse para la gloriosa segunda venida de Nuestro Señor Jesucristo, para lo cual requiere estar permanentemente observando los Signos de los Tiempos, a través de los cuales el Padre se nos manifiesta. ¿Se imaginan lo contraproducente que sería, para cumplir dicho fin, que los Pontífices estuvieran jurídicamente obligados a continuar con la tradición de su antecesor? Aunque la Costumbre es fuente insustituible del Derecho Canónico, buscar su aplicación y obligatoriedad en asuntos tan puntuales como éste (sobre cuánto tiempo se está en el cargo), donde no sólo no existe Ley, sino que es algo que queda en la conciencia de quien asume el cargo es, cuando menos, poco oficioso. Primero porque la costumbre es el mejor método para interpretar la ley y, a falta de ley, poco se puede interpretar. Segundo, porque la permanencia en el ministerio es un tema reservado a la tradición (que es la que nos entrega, entre otras cosas, normas de comportamiento que rigen la vida práctica eclesial y sobre el culto), y la tradición no puede ser jurídicamente vinculante, porque si no –y a modo ejemplar- las reformas litúrgicas promovidas por el Concilio Vaticano II carecerían de legitimidad. Por último, y no menos importante, es el hecho de que la Ley debe prestar algún tipo de utilidad en el tráfico jurídico. En este caso en particular, considero que una ley que reglara la permanencia del Pontífice en su ministerio no contribuiría en nada, puesto que es un hecho que en su elección interactúa el criterio divino, pero también el humano: es elegido por sus pares, quienes como Pastores han de buscar lo mejor para la Iglesia. Y confío profundamente en su criterio para elegir al adecuado, y no a quien sus fuerzas estén prontas a extinguirse. La labor pastoral universal depende mucho del auxilio del Espíritu Santo, pero el sustrato material es humano y finito.

En conclusión: más allá de la legitimidad que le podamos encontrar a la renuncia, no debemos permitir que los árboles nos impidan ver el bosque. El próximo 28 de febrero comenzará una nueva sede vacante. Nuestra Iglesia nada innovará mientras se encuentre en dicho estado, ni tampoco habrá un Benedicto XVI a quien cuestionar. Habrá un trono vació esperando a un nuevo Pontífice, que dirigirá la vida espiritual de millones de fieles. Y cuando el nuevo Papa asuma, ¿quiénes serán Josheph o Karol?, sólo serán los nombres de aquellos hombres que alguna vez ocuparon el cargo más importante dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. Pero debemos recordar siempre que fueron humanos y, como tales, tienen límites que no pueden sobrepasar. Y ni la pretendida obligatoriedad de una costumbre o una ley pueden obligar a un hombre a vivir su ministerio igual a otro.

Elizabeth Muñoz G.
(Ayudante, Derecho Canónico)

pope

Las labores del Juez en el nuevo proceso civil

Como sabemos, nuestro actual sistema de proceso civil y comercial adolece de grandes falencias, lo que ha impulsado la ideación de un nuevo sistema. Esta reforma, sin embargo, ha sido demorada indebidamente, teniendo en cuenta que se mira este procedimiento como general y supletorio de todos los demás.

Una de las grandes críticas al sistema actual, radican en la figura del juez, en relación a la oralidad ligada a la inmediación que caracteriza los procedimientos ya reformados, y del cual carece el actual sistema procesal civil.

La reforma propone no sólo la oralidad e inmediación como nuevas herramientas a la contribución de mayor rapidez y eficiencia a que aspira el nuevo sistema, como un instrumento útil para garantizar a todos los ciudadanos la protección de sus derechos e intereses jurídicos, sino también, busca que los jueces se dediquen exclusivamente a una labor jurisdiccional, liberándolos de toda labor de carácter administrativo. Se quiere que los jueces se dediquen a su labor que le es propia, esto es, la resolución de conflictos de relevancia jurídica. Todo esto con miras a dar mayor protagonismo al enjuiciamiento de primer grado.

El proceso civil, debe garantizar el acceso a una justicia rápida y eficaz, con el objeto de obtener una sentencia justa y fundada, con posibilidad real de ejecución. El nuevo sistema propone entonces, la existencia en todo proceso civil, de un interés público comprometido en obtener una resolución rápida, eficaz y justa del conflicto. Así, el proyecto consagra un cambio del paradigma en la concepción del rol y poderes del Juez, en que se da mayor trascendencia al principio dispositivo, como por ejemplo, en relación a la iniciativa del procedimiento, determinación de su objeto, en relación a la aportación de pruebas, y respecto a la utilización de los medios de impugnación.

En relación al impulso y dirección del proceso, el juez tiene diversos roles. Así, el juez puede adoptar de oficio, medidas que estime como necesarias para su desarrollo. Además, otorga un mayor protagonismo en el conocimiento de los asuntos: se le otorga la facultad de decretar diligencias de prueba para el esclarecimiento de la verdad de los hechos, respetando en todo caso, el derecho de defensa de las partes. Aún más, con el objeto de corregir eventuales desigualdades entre las partes, se consagra lo que se denomina el “principio de facilidad de la prueba” o “carga dinámica de la prueba”, en que se otorga al juez la posibilidad excepcional de distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probatoria de las partes.

Efectivamente, junto con la oralidad e inmediación propuesta, estamos ante un sistema que parece ser más veloz y eficaz que el actual, pero en el que, sin duda, se le otorga al juez grandes poderes dentro del procedimiento.

Makarena Sulzer
(Ayudante de Derecho Procesal)

columna macarena

Sobre el rol del oficial de ejecución en el ejercicio de la acción ejecutiva

Sin duda, una de las más importantes reformas en nuestra legislación procesal civil, es la institución del oficial de ejecución. Un funcionario profesional, que si bien tiene cierta autonomía, pudiendo conducir las actuaciones de apremio (incluido el embargo), estará siempre sometido a un control permanente por parte del juez. Así también, tal como señala el mensaje del Proyecto, cada vez que exista oposición fundada a la ejecución o la interposición de tercerías, el procedimiento se judicializará, debiendo ser el tema resuelto por el juez competente. De este modo, nos desplazaremos desde un sistema judicializado de ejecución a uno que reviste un carácter predominantemente administrativo.

El Art. 422 del Proyecto establece que la ejecución comenzará con una solicitud que habrá de ser presentada al oficial, y que no requerirá representación por parte de letrado. De este modo, se da bastante más facilidad al ejecutante de poder lograr la materialización efectiva de su pretensión.

A continuación, el oficial de ejecución deberá pronunciarse sobre dicha solicitud, dentro de cinco días contados desde su presentación, no pudiendo, en consecuencia, desatender a este deber. En caso contrario, esto es, ante el incumplimiento del deber de pronunciarse, podrá el solicitante reclamar ante el juez competente, quien podrá pronunciarse de plano con los antecedentes que le presente el ejecutante.

Luego de la presentación de dicha solicitud, el oficial de ejecución deberá dar principio al procedimiento, emitiendo la llamada decisión de ejecución, siempre que concurran los presupuestos y requisitos que señala la ley. En contra de esta decisión, podrá el ejecutado deducir oposición.

De no cumplirse los presupuestos de la ejecución exigidos por la ley, el oficial de ejecución rechazará la solicitud mediante resolución escrita, en la que deberá expresar circunstanciadamente las razones en que se funda dicha resolución. Sin embargo, el oficial podrá otorgar al ejecutante un plazo de cinco días para subsanar los defectos de la solicitud, los cuales deberán ser indicados con precisión en su resolución.

Transcurrido que fuere este término, sin que se hubieren subsanado los defectos, el oficial procederá a denegar la solicitud de ejecución. Esta denegación, a su vez, puede ser reclamada por el ejecutante dentro de quinto día de haberse comunicado, ante el propio oficial de ejecución, de forma escrita y fundada. Aun más, de rechazarse tal reclamación, puede reclamarse de la resolución que la rechaza ante el juez competente, también dentro de quinto día, y también en forma escrita y fundada. Por si fuera poco, en contra de la resolución dictada por el juez, podrá deducirse recurso de apelación. Y todavía más, si se estima improcedente por carecer de mérito ejecutivo el título, estará salvo el derecho del ejecutante para ejercer las acciones a que éste diere origen, en un procedimiento declarativo posterior. Por otro lado, Si el juez la acepta, deberá el oficial dar inicio a la ejecución, sin perjuicio del derecho del ejecutado a oponerse.

En consecuencia, las oportunidades y garantías que nos ofrece el nuevo procedimiento ejecutivo, tienden claramente a facilitar la materialización de la ejecución que se pretende y a resguardar los intereses tanto del ejecutante como del ejecutado. Sin un oficial de ejecución, no sería posible proporcionarles estos medios a las

partes, ya que implicaría sobrecargar aun más la labor del juez, dificultando y ralentizando la tramitación del procedimiento.

Así, con la implementación de un sistema desjudicializado de ejecución, el juez traspasará el peso con que debe soportar actualmente al oficial de ejecución, quien se encontrará en mejor posición para poder dar solución a las pretensiones del solicitante y resguardar los derechos del ejecutado, tanto por la vía administrativa como jurisdiccional.

Sebastián Bravo
(Ayudante de Derecho Procesal)

columna seba

 

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